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8 diciembre, 2019
Actualidad Opinión

El árbitro no mete los goles

Por: Rosa María Palacios–La República

Un proceso penal es como un partido de fútbol. Hay dos equipos. Uno, el de la fiscalía. Otro, el de la defensa. Hay también un abogado del Estado, que en nuestro país se llama procurador, que lo que busca, más allá de la extensión de la condena, es que se repare el daño a través de un pago. El juez no está en ningún equipo y esto resulta fundamental. Como el árbitro de fútbol, impartirá justicia en cada una de las jugadas y dará el veredicto final.

Sería inconcebible que el árbitro en la cancha meta gol por su equipo favorito o ejecute los penales de quien él quiera ganador. Tremendo disparate es fácil de entender, ¿verdad? Pues lo mismo pasa cuando el juez hace equipo con la fiscalía o con la defensa. El derecho al juez imparcial, garantía fundamental de cualquier contienda (política, deportiva o judicial), se perdería y eso vicia el proceso y lo convierte en nulo.

Las conversaciones del juez Moro y de la fiscalía reveladas por “The Intercept” han dado un vuelco al caso del expresidente Lula. Moro, hoy ministro de Estado, “hizo equipo” con la fiscalía de modo inaceptable para conseguir los testimonios que llevaron a la cárcel al que es hoy su adversario político. ¿Esto quiere decir que Lula es inocente? Se le presumirá inocente hasta que concluya un nuevo proceso con una absolución o con una condena. Sin embargo, aún no hay un pronunciamiento declarando la nulidad del proceso.

Es importante sacar lecciones para el Perú. La fiscalía tiene hoy un merecido rol protagónico debido al reconocimiento popular de un país harto de lidiar con políticos corruptos. Pero, con todos los merecimientos logrados, debe andarse con más cuidado. Su política de comunicación naufragará, junto con el proceso, si esta es más valiosa que la búsqueda de la verdad. ¿Y los jueces? Más allá de querer que les salpique algo de popularidad, “haciendo equipo” con la fiscalía en cada pedido, cuidar el proceso “como hueso de santo” debe ser su misión.

Esta semana se ejecutó un operativo de allanamiento a “26 inmuebles vinculados a Nadine Heredia”. La información fue publicada tal cual porque la fuente fue la fiscalía. Resultó que los inmuebles eran de 26 personas naturales y jurídicas, la mayoría de las cuales tienen nula relación con la señora. Lo que unía a todos era estar comprendidos en una vieja investigación heredada por la fiscal Janet Mori sobre el Gasoducto Sur. ¿Qué encontró en este espectacular operativo? Hasta el momento, nada relevante. ¿De la casa de la señora? Un celular. ¿Quién autorizó este despliegue? El juez Sánchez Balbuena. Viendo su resolución, la motivación está hecha a la medida de lo solicitado, pero ¿hay causa probable o es la pesca milagrosa? Como sabe cualquier juez, lo último está prohibido.

¿Qué nos dice el evento? Que las revelaciones del IDL Reporteros y de Convoca sobre pagos ilícitos en 2014, que incluyen 3 millones de dólares por el Gasoducto Sur, ha sido un golpe para la fiscalía que no incluyó este caso en el acuerdo inicial con Odebrecht. Barata dijo que no hubo sobornos en esa obra y se le creyó. Hay varias vías para solucionar este problema previstas en el acuerdo. La pesca no es una de ellas. ¿Da espectáculo y es popular? Por supuesto. Nadine Heredia es una figura odiada y hacerle el centro del operativo, rinde aplauso. Pero, ¿pone en riesgo el proceso? Esa es la pregunta que la fiscalía debe hacerse antes de usar la pirotecnia como estrategia procesal.

Los Humala ya han ganado dos procesos constitucionales donde se les enmienda la plana a jueces y fiscales. El primero, la prisión preventiva. El segundo, el abuso de involucrar las actividades de los niños. Keiko Fujimori está recurriendo a la misma vía. Puede tener éxito.

 

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