Por: Jorge Farid Gabino González
Empezando por el hecho de que una de las principales características de toda evaluación de desempeño —independientemente de que esta sea de naturaleza educativa o no— implica el establecimiento de un juicio de valor respecto de la forma en que un determinado sujeto realiza cierta actividad, es evidente que no podemos, más aún en los tiempos en que vivimos, pretender sustraernos de ella. La razón es simple: Solo en la medida en que sepamos cómo nos encontramos en el ámbito de nuestro ejercicio profesional (tanto en lo positivo como en lo negativo), estaremos, a su vez, en la capacidad de asumir acciones que nos lleven, bien a superar nuestras debilidades, bien a potenciar nuestras fortalezas.
Si tenemos en cuenta, por otra parte y ya para entrar en materia, que en el caso de la llamada evaluación de desempeño docente, el objetivo fundamental es hacer que el maestro reflexione sobre su labor profesional, a fin de que ello redunde en la mejora de su práctica docente, salta a la vista que nadie en su sano juicio, y un verdadero maestro menos que nadie, tendría la desfachatez de oponerse a ello.
Sin embargo, conocidas son las posturas que en los últimos días ha venido esgrimiendo un gran número de maestros de todo el país en contra de la evaluación de desempeño que plantea la Ley de Reforma Magisterial. El motivo para tal oposición no sería otro que su desacuerdo con el hecho de que si un docente llegara a desaprobar hasta en tres ocasiones, sería irremediablemente echado a la calle o, si se prefiere el eufemismo, enviado a su casa.
Vistas así las cosas, resulta natural que nos preguntemos si la susodicha ley es así de draconiana, o si es eso lo que nos quieren hacer creer. Vallamos al análisis. Lo que dice la Ley de Reforma Magisterial en su artículo 23 es, literalmente, lo siguiente: «La evaluación del desempeño docente es condición para la permanencia […]. Los profesores que no aprueben en la primera oportunidad reciben una capacitación destinada al fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas. Luego de esta capacitación participan en una evaluación extraordinaria. En caso de que no aprueben esta evaluación extraordinaria, nuevamente son sujetos de capacitación. Si desaprueban la segunda evaluación extraordinaria son retirados de la Carrera Pública Magisterial».
Pues bien, hay aquí dos aspectos que se tienen que abordar por separado. En primer término, consideremos que ningún docente puede eximirse de ser evaluado; hacerlo implicaría su retiro de la carrera docente. Lo que habría que preguntarse, en todo caso, es por qué algún maestro se reusaría a ser evaluado, a sabiendas de que de ello depende su permanencia en el cargo. ¿Acaso porque sabe, a priori, que no reúne las condiciones mínimas para ejercer la docencia? Por otra parte, está también el hecho de que no son una ni dos, sino tres las evaluaciones a las que se someterán los docentes —en el caso, naturalmente, de que lleguen a desaprobar las dos primeras, amén de las capacitaciones que recibirán entre unas y otras— antes de ser retirados del magisterio. Así las cosas, cabe preguntarse: Al margen de que por un lado pueda estar —y, de hecho, está— el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y a todo lo que de ello derive, ¿no lo está, también, aunque a veces parecemos perderlo de vista, el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad, esto es, entre otras cosas, que sean maestros calificados los que estén a cargo de su enseñanza? Lamentablemente, hay situaciones en las que no es fácil encontrar el término medio.

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