Inhabilitan por 2 años a 3 funcionarios de Transportes

Inhabilitan por 2 años a 3 funcionarios de Transportes

Tres funcionarios de la Dirección Regional de Transportes fueron inhabilitados para ejercer la función pública como sanción por favorecer a una empresa en un proceso de licitación para la compra de alimentos en el año 2012.
Se trata de Víctor Augusto Estela y Ponce, Juan Manuel Cámara Miraval y Germán Gastón Martínez Morales. La Contraloría General de la República confirmó la inhabilitación para los funcionarios. La Primera Sala del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la CGR declaró infundada su apelación a la sanción impuesta en 2017. En cumplimiento de la sanción el Gobierno Regional emitió la Resolución Ejecutiva Regional n.° 100 del 15 de febrero, dando por concluido el vínculo laboral entre el Gorehco y los servidores que eran nombrados en la DRTC.
Estela, Cámara y Martínez fueron hallados responsables de cometer una falta grave en una licitación. La CGR determinó que como integrantes del Comité Especial responsables del proceso de selección de la ADS n.° 007 “Adquisición de víveres y alimentos” en 2012 se parcializaron para beneficiar ilegalmente a la empresa Autoservicios Don Pedro SRL, al cual otorgaron ilegalmente la buena pro en contra de los intereses del Estado.
La empresa en su propuesta económica ofertó la suma de S/44 249.56. El comité le adjudicó la buena pro sin evaluar que la empresa estaba acogida a la Ley de la Amazonía y por ende su propuesta debía ser evaluada considerando como monto máximo el valor referencial sin IGV de S/39 628.17.
Por estas irregularidades la DRTC pagó S/44 249 a la empresa pagando en exceso S/4721. La CGR además determinó que Estela, como director de Administración, dio conformidad al contrato el mismo día que se declaró consentida la buena pro sin la presentación de la documentación obligatoria. Otra irregularidad es que Cámara y Estela suscribieron y visaron la orden de compra y guía de internamiento de los bienes antes de que se consienta la buena pro y se firme el contrato.
Los funcionarios apelaron al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas que confirmó la inhabilitación por incumplir sus funciones en contra de los intereses del Estado.



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