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28 febrero, 2020
Actualidad Opinión

Integridad electoral y conducta de los candidatos

Fernando Rodríguez Patrón

Las encuestas electorales constituyen una herramienta de investigación moderna que permiten, a través de la recolección de datos, convertir información de naturaleza cualitativa en datos cuantitativos que orientarán o impactarán en la percepción de las personas respecto a algún candidato con vistas a un proceso.
No obstante, pese a que cada vez las encuestas se llevan a cabo con mayor rigor científico, Przeworski señala que en democracia “los actores saben lo que es posible y probable, pero no lo que sucederá”, ello en razón que la incertidumbre constituye, salvo excepciones, un elemento esencial de los procesos electorales.
Es por ello que muchas veces las conductas de los candidatos se ajustan a la información que proporcionan las encuestas; así, cuando un candidato es favorecido en las encuestas tiene determinado tipo de comportamiento, su discurso dejará la especificidad inicial para optar por la generalidad y su actitud normalmente será la de rehuir cualquier debate y limitará su presencia en los medios; sin embargo, la perspectiva es otra cuando el candidato no está en los primeros lugares de la encuesta, situación que lo llevará a discutir los resultados de ésta con frases del tipo “no creo en las encuestas” o “la verdadera encuesta será el día de la elección”, además maximizará su presencia en medios, su comportamiento virará hacia la confrontación y tratará de generar escenarios de conflicto para propiciar el debate electoral tantas veces como le sea posible.
Las recientes elecciones confirmaron la veracidad de la afirmación de Przeworski, pues hasta cuatro candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana llegaron a ocupar el primer lugar en las encuestas y observamos como la actitud de cada uno de ellos varió en relación a su posición en estas.
Sin embargo, una vez concluido un proceso y conocidos los resultados electorales, se espera de parte de los candidatos la adopción de ciertas posturas que alejen cualquier atisbo de incertidumbre respecto de los resultados proporcionados por los organismos electorales, así por ejemplo, si los candidatos antes del proceso aceptaban que cualquier contendiente se encontraba en condiciones de ganar la elección, una vez conocidos los resultados deben respetarlos.
Cuando un candidato lejos de reconocer la victoria de su oponente cuestiona los resultados electorales o a los organismos electorales, no hace otra cosa que minar la confianza ciudadana respecto del proceso electoral, afectando su integridad.
Es por ello que desde la parcela del máximo organismo electoral, desde hace algunos años se han estipulado convencionalmente algunos mecanismos que debieran guiar la conducta de los candidatos durante un proceso electoral, nos referimos al Pacto Ético Electoral; sin embargo, su suscripción es voluntaria y la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos que allí se suscriben recae en un Tribunal de Honor que carece de la fuerza coercitiva para hacer efectiva sus decisiones, por tanto, sus fallos adquieren la calidad de recomendaciones sobre alguna conducta impropia o cuando mucho serán simples amonestaciones.
Si bien, legalmente no puede obligarse a ningún candidato a firmar un compromiso electoral a título individual, si podría evaluarse la posibilidad de regular algún mecanismo de naturaleza legal que obligue a los partidos políticos que finalmente son quienes proponen a los candidatos, a regular determinadas normas de conducta cuyo incumplimiento sí podría ser sancionado por los organismos que integran nuestro sistema electoral, me refiero por ejemplo a normas sobre el inicio de la campaña electoral, la transparencia en su financiamiento, la obligación de presentarse a los debates electorales, la veeduría electoral y el reconocimiento de los resultados entre otros.

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