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Huánuco
15 octubre, 2019
Local / Regional

“Koko” Giles se aferra a candidatura

Pese a que la Corte Suprema rechazó su recurso de casación con el que pretendía anular la sentencia que lo inhabilita para ejercer cargo público, el exalcalde Jesús Giles se resiste a ser excluido de la contienda electoral.
Giles, a través del personero legal de Solidaridad Nacional presentó ante el Jurado Electoral Especial de Huánuco las copias legalizadas del pedido de nulidad de la casación y solicitó al JEE Huánuco que declare improcedente la exclusión de Giles argumentando que existe en trámite un pedido de nulidad de la resolución que rechaza su recurso de casación “por la existencia de un vicio en la expedición de la resolución casatoria”.
Según el personero, con ese pedido de nulidad en trámite no se puede aceptar como firme una resolución que se encuentra cuestionada, si se hace ello argumenta que se estaría quebrantando el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el numeral 123 del Código Civil.

Nulidad
La defensa de Giles interpuso ante la Corte Suprema su pedido de nulidad absoluta de la resolución que rechaza su casación argumentando que está viciada. Su abogado dice que no fueron debidamente notificados de las resoluciones de la Sala Penal Permanente para ejercer su defensa “incurriendo en vicio procesal insubsanable”. También vincula al procurador del Estado, Amado Enco, con el presidente y un miembro de la Sala con un instituto de criminología para argumentar que los miembros de la sala debieron haberse apartado del proceso.
Con estos argumentos Giles pide que se programe nueva fecha de la calificación del recurso de casación.
Causal
El personero legal también pidió al jurado que precise cuál es la causal de exclusión de Giles porque “no se sabe con exactitud el cargo o supuesto en que se basa ese trámite de exclusión” . Argumenta que la resolución que inicia el trámite de exclusión se sustenta en la existencia de una resolución judicial casatoria sin precisar si la exclusión es por condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad, por pena de inhabilitación o por interdicción por resolución judicial consentida o ejecutoriada.
Al no precisar la causa dice que la resolución no se ajusta a derecho y atenta contra el principio del debido procedimiento administrativo e impide realizar de manera adecuada sus descargos. “Nos encontramos ante una resolución viciada en trámite y sin efecto de poder proseguir con una secuela de descargo, debido a que carece de imputación debida o suficiente”, indica pidiendo al jurado que lo aclare.

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