La Justicia brasileña autorizó el jueves que las empresas privadas puedan comprar directamente vacunas anti COVID-19 y usarlas. De esa forma se anula la ley que obligaba a las que quisieran comprar inmunizaciones a donarlas al sistema de salud pública, al menos hasta que se acabe de inocular a los grupos de riesgo.
El juez de la Justicia Federal de Brasilia Rolando Spanholo consideró la reciente ley “inconstitucional” por imponer la donación obligatoria y la definió como una forma de “legalizar un verdadero intento de usurpación inconstitucional de la propiedad privada”.
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El juez también argumentó que la obligación de donar las vacunas compradas desincentiva que la sociedad civil, los empresarios y todo tipo de instituciones compren vacunas contra el COVID-19, lo que acaba retrasando aún más el proceso de inmunización en Brasil.
La ley declarada inconstitucional por la Justicia fue aprobada por el Congreso Nacional a finales de febrero.
El texto prevé que estados, municipios y entidades privadas puedan negociar y comprar vacunas directamente, sin la intermediación del gobierno federal.
En el caso de las empresas se exige que cualquier compra se done íntegramente al Sistema Único de Salud (SUS) mientras se esté vacunando a los grupos prioritarios, y que después sean donadas el cincuenta por ciento de las dosis compradas.
La decisión judicial del jueves beneficia a las tres entidades que habían pedido poder comprar vacunas si tener que donarlas después: la Asociación Brasileña de Agencias de Turismo Receptivo, el Sindicato de Comisarios de Policía del Estado de São Paulo y el Sindicato de Funcionarios de la Asamblea Legislativa del Estado de Minas Gerais (sureste). (Sputnik)
