Diversos especialistas advierten que los congresistas que impulsan la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) buscarían que este organismo, máximo intérprete de la Constitución, quede a la medida de sectores que apuntan a mantener cuestionadas leyes y hasta bloquear a un próximo gobierno de Pedro Castillo.
Para este miércoles 7 y jueves 8, el Congreso ha agendado el debate sobre la elección de nuevos magistrados del TC. Pese a varios cuestionamientos, la mayoría de los parlamentarios ha insistido en su intención de reemplazar a jueces intérpretes de nuestra Constitución.
De los siete integrantes del Pleno del TC, seis pueden ser cambiados porque ya superaron el periodo que originalmente les correspondía. Estos seis magistrados son Marianella Ledesma —actual presidenta—, Ernesto Blume, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y José Sardón.
Votos e intereses
Para elegir a cada magistrado del TC, se necesitan al menos 87 votos a favor en el Congreso. Es decir, un respaldo de más de dos tercios del Poder Legislativo.
En un cuestionado proceso han quedado 15 candidatos para esta fase final. En los primeros puestos hay abogados con perfiles conservadores y ciertas cercanías a apristas y fujimoristas.
Diversos especialistas advierten lo que está en juego en esta elección y vislumbran escenarios perjudiciales para el país.
“Quienes están en un plan B de tentar sacar del poder a (Pedro) Castillo tan pronto les resulte factible, no solo con vacancia sino ensayar una nulidad de elecciones, necesitan un TC que les pueda avalar esto”, dice Walter Albán, integrante del consejo directivo de Proética, exministro y ex defensor del Pueblo.
“Necesitan un TC a la medida. Lo aseguran con un concurso plagado de irregularidades. Los finalistas se autodescalifican al continuar en un concurso de esta naturaleza”, añade.
Albán considera que también hay afán de impunidad porque buscarían frenar procesos anticorrupción de los casos de Lava Jato y Cuellos Blancos.
“Y hay procesos abiertos por lo ocurrido en el interinato de Merino. Necesitan un TC que garantice impunidad. También el comportamiento irregular que ha tenido este Congreso puede generar responsabilidades. Por eso a los candidatos les hacían preguntas más sobre cuánto podrían confiar en ellos”, anota.
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