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Huánuco
14 junio, 2021

Inhabilitarán de por vida a funcionarios que cometan delitos durante emergencia sanitaria

Los funcionarios públicos que incurran en delitos de colusión, peculado y malversación durante el estado de emergencia sanitaria o calamidad pública, cuyo accionar en estos ilícitos comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional, serán inhabilitados de por vida, de acuerdo a una ley publicada hoy en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La Ley 31178  emitida por el Congreso, modifica diversos artículos del Código Penal sobre estos temas.

Asimismo, establece inhabilitación perpetua para quienes incurran en financiamiento al terrorismo y en lavado de activos.

En la norma queda establecido que el servidor estatal que incurra en delito de colusión simple y agravada al intervenir en adquisiciones o contrataciones concertando con las partes interesadas, recibirá pena privativa de libertad no menor de 15 años, ni mayor de 20 años, y será inhabilitado a perpetuidad.

Estas penas se aplicarán si se dan los siguientes agravantes: cuando el funcionario integre una organización criminal, cuando su acción esté vinculada a programas sociales asistenciales o cuando se aproveche de una situación de calamidad pública, emergencia sanitaria o su acción comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional.

En cuanto al delito de peculado doloso y culposo, se establecen similares condiciones agravantes que para el delito de colusión, añadiendo a estas que el valor de lo apropiado o utilizado sea mayor a 10 unidades impositivas tributarias (UIT). En dichos casos, la pena privativa de la libertad será no menor de ocho, ni mayor de quince años, y la inhabilitación permanente.

Si el funcionario permite que otra persona sustraiga recursos públicos vinculados a programas o fines asistenciales o de inclusión social, la pena privativa de libertad será no menor de tres, ni mayor de cinco años, se indica.

Respecto al delito de malversación, las situaciones agravantes son las mismas que para el de colusión. Las sanciones comprenden privación de libertad no menor de cuatro, ni mayor de ocho años e inhabilitación perpetua para desempeñar funciones en el Estado.

 

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