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10 agosto, 2020
Actualidad Opinión

“La gente no vale lo mismo”

Jorge Farid Gabino González

Escritor, articulista, profesor de Lengua y Literatura

La “guapa”, la “mujer”, la “joven” titular de la cartera de Economía, María Antonieta Alva Luperdi, en recientes declaraciones brindadas a la prensa, nos ha regalado una frase que, por osada, por desafiante, por demoledora, debería no solo quedar en los anales de nuestro nutrido refranero peruano, sino además y sobre todo llevarnos, cuando menos, a reparar en el hecho incuestionable de que el ser una guapa mujer joven no constituye impedimento ninguno para ser y parecer inteligente; para tener un desarrollado sentido de la perspectiva, para decir cosas que, como la señalada por la referida funcionaria, entrañan una dura pero irrefutable verdad respeto de nuestro país: que “el gran problema del Perú es que todavía la gente no vale lo mismo”. Y no vale lo mismo, esto es, no acaba valiendo lo mismo (en lo que toca a lo social, a lo político, a lo legal) por la simple y deleznable razón de que no se le reconoce la misma valía; o, lo que es peor y de más difícil aceptación, de que no se reconoce la misma valía.  

Ejemplos que ilustran lo antedicho los tenemos, naturalmente, por montones. Aquí uno de los más crudos, y por ello mismo, quizá, más representativo de los últimos tiempos:

La violación y posterior asesinato de una niña de once años realizados en un populoso distrito de la capital, ocurrido hace ya cerca de dos años atrás y perpetrado por un hijo de puta al que se dio en llamar el monstruo de la bicicleta, por el vehículo que lo ayudó a llevarse a la niña, generó, y con justa razón, marchas multitudinarias de la llamada sociedad civil, que no dudó en salir a las calles para hacer oír su voz de protesta; pronunciamientos públicos de alcaldes, congresistas, ministros y hasta del mismísimo presidente, que aprovecharon la ocasión para indignarse con la desmesura que ameritaba el caso; la cobertura total y completa” de la prensa “especializada” y “no especializada”, que se ocupó del asunto durante semanas enteras; la movilización inmediata de la policía, que logró capturar al violador y asesino en tiempo record; y, finalmente, la aplicación de toda la severidad que contempla la ley para quienes incurran en la comisión de delitos del tipo del señalado, con lo que a la escoria en cuestión se lo terminó condenando a cadena perpetua.

Extraña comprobar, sin embargo, que, ante la suscitación de un caso similar en el distrito de Santa María del Valle, en la provincia de Huánuco, ocurrido alrededor de tres semanas atrás, caso en el que una niña de cinco años fue violada y asesinada por un sujeto tan igual de hijo de puta que el anterior, las marchas multitudinarias, los pronunciamientos de políticos, la cobertura de la prensa, la movilización de la policía y la diligencia de los operadores de justicia, hayan brillado tan escandalosamente por su ausencia; al punto de que se podría decir sin temor a la exageración o al dramatismo, que el terrible fin que tuvo esta última niña, a diferencia del de la anterior, les importa un maldito carajo a todos los mencionados, solo porque sucedió en un lugar del que en Lima seguramente ni siquiera sabían que existía. Y no cabe argumentar, desde luego, que la abismal diferencia en el tratamiento brindado a ambos casos obedezca a una cuestión de discriminación basada en posibles diferencias sociales, las mismas que podrían estar influyendo en la inexplicable diferenciación con que se viene afrontando los dos hechos. Ambas niñas pertenecían a clases sociales bajas; ninguna de ellas vivía en Miraflores ni en San Isidro. Eran, para decirlo en palabras que harán las delicias de los sociólogos, gente del pueblo. ¿Por qué, entonces, tamaña diferenciación, y de parte, incluso, de “su propia gente”?

En una sociedad desarrollada (como dizque pretendemos que sea la nuestra), esto es, en un entorno social en el que las personas, independientemente de la clase social a la que pertenezcan, del credo religioso que profesen, de los gustos sexuales que confiesen, poseen los mismos derechos, no puede ser posible bajo ningún punto de vista el que sucedan cosas como la antedicha; que en un caso, por haber ocurrido en el corazón mismo de la capital, se actúe desde diferentes ámbitos de una determinada manera; mientras que, en el otro, por haber tenido lugar en una zona recóndita y olvidada del país, se haga prácticamente nada por hacerle justicia (con decir que aún no se captura al asesino) a una víctima tan igual de inocente que la que aquella.

Qué bueno que una funcionaria de la importancia de la ministra de Economía sea plenamente consciente de este inveterado problema nuestro (que desborda a todas luces lo meramente económico). Y que además haga las veces de ejemplo de aquello de que en el Perú la gente, todavía, no vale lo mismo. Pues lo cierto es que ella sola “vale” muchísimo más que quienes la criticaron duramente cuando se enteraron de que asumiría la cartera de Economía, aun a pesar de que sobre sí recaían tres imperdonables delitos: ser “guapa”, ser “mujer”, ser “joven”.

 

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