A la fecha, un total de 210 internos sentenciados por omisión a la asistencia familiar de diversos establecimientos penitenciarios del país fueron liberados tras pagar la deuda que tenían con sus alimentistas en diez días de vigencia del decreto legislativo n.° 1459. Así informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Como se sabe, el decreto legislativo fue publicado el 14 de abril con el propósito de contribuir a reducir el hacinamiento en que se encuentra el sistema penitenciario nacional y evitar contagios de COVID-19.
De acuerdo con el artículo 3 de la citada norma, una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar puede convertir automáticamente su pena privativa de libertad efectiva por una pena alternativa, con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión.
Según cifras oficiales, de los 210 condenados que accedieron a este beneficio fueron 46 internos del penal de Ica, 34 de Chincha, 20 de Huacho, 15 de Arequipa, 12 de Huancayo, 12 de Cusco, 9 de Tacna, 8 de Ayacucho, 7 de Huánuco, 6 de Chimbote, 6 de Ancón, entre otros.
Como señaló Fernando Castañeda Portocarrero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, esta medida busca mitigar el hacinamiento existente en los establecimientos penitenciarios del país en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Este decreto puede beneficiar a 2250 personas condenadas por este delito.