La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción interpuso 264 denuncias ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19.
La procuraduría advirtió que los delitos de corrupción con mayor incidencia en los servidores públicos son peculado, colusión y negociación incompatible.
Según el “Boletín informativo” de la procuraduría titulado “Corrupción en la Emergencia Sanitaria COVID-19”, existen más de 700 investigaciones fiscales por presuntos delitos contra la administración pública.
El estudio centra estas estadísticas en el periodo comprendido desde que se decretó el estado emergencia y el 4 de junio del presente año. Las incidencias corresponden a las 37 sedes de la institución a nivel nacional.
“Del total de casos de presunta corrupción, el 51 % se concentra en siete regiones del país, estas son: Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca”, resaltó el boletín.
En su mayoría, los hechos están asociados a las contrataciones públicas de bienes y servicios: adquisición de implementos de bioseguridad, equipos médicos, productos de limpieza y aseo personal, alimentos, entre otros.
Además, entre las instituciones agraviadas por los supuestos actos ilícitos se registran las municipalidades distritales y provinciales, los gobiernos regionales; así como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud, EsSalud, entre otros.LEYENDA
