El Perú se encamina a las elecciones generales de 2026 con un Congreso cuya legitimidad está severamente erosionada y con el retorno a la bicameralidad, seis años después de que fuera rechazada en el referendo de 2018. A más de 200 años de la instalación del Parlamento en 1823, la advertencia del historiador Eliseo Talancha sobre una “crisis de descrédito” no puede pasar inadvertida. Lo que está en juego no es solo la conformación de 130 escaños, sino la calidad de la representación durante los próximos 5 años.
Talancha recordó que el Congreso nació como pilar de la separación de poderes en la Constitución de 1823 y que allí reside la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, también señaló que existen congresistas sin una sola iniciativa legislativa o intervención en el diario de debates durante el periodo 2021-2026. Para este Diario, ese contraste entre el ideal republicano y la práctica reciente explica buena parte de la desconfianza ciudadana.
La inestabilidad de los últimos 10 años, con reiterados cambios presidenciales y enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo, ha debilitado la percepción de gobernabilidad. Cuando un candidato puede obtener entre 30.000 y 40.000 votos y quedar fuera, mientras otro con 5.000 o 6.000 accede por efecto de la cifra repartidora, la discusión sobre el sistema electoral deja de ser técnica y se vuelve profundamente política.
El descrédito tiene consecuencias concretas. Afecta la capacidad del Parlamento para legislar con autoridad, condiciona decisiones económicas que impactan en el presupuesto público y desalienta la participación de ciudadanos calificados. Si la bicameralidad implicará mayores gastos administrativos —como advirtió Talancha—, la exigencia de resultados y profesionalismo será aún mayor en 2026.
Pero este Diario sostiene que la responsabilidad no recae únicamente en quienes hoy ocupan un escaño. En una democracia representativa, cada 5 años la ciudadanía delega poder. Si esa delegación se realiza sin revisar hojas de vida, antecedentes judiciales o trayectorias académicas en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, la crítica posterior pierde fuerza moral. La representación es imperfecta, pero el voto informado es una herramienta concreta.
Los jóvenes, que participarán por primera o segunda vez en 2026, tienen un papel decisivo. No basta con expresar indignación en redes sociales o reducir el debate a consignas. Informarse exige tiempo y contraste de datos, pero es la única vía para exigir un Parlamento a la altura de 200 años de historia republicana y de los desafíos actuales.
El Perú no parte de cero. Desde 1823 hasta 2024, el Congreso ha atravesado crisis, cierres y reformas. Cada generación ha tenido que redefinir su relación con el poder legislativo. La de 2026 enfrentará una decisión similar: resignarse al descrédito o asumir que, en una república, la calidad de los representantes refleja, en buena medida, el rigor con el que los ciudadanos eligen.
