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Hay situaciones que, por sí solas, revelan una falla que va mucho más allá de un bache, una cuneta abandonada o unos kilómetros sin mantenimiento. Lo que ocurre entre Huancachupa y San Andrés es una de ellas. Mientras transportistas esperan que Provías Nacional precise quién tiene a su cargo cerca de nueve kilómetros de la Carretera Central, ese tramo continúa siendo utilizado todos los días por vehículos particulares, pasajeros y transportistas que poco tienen que ver con las discusiones administrativas sobre competencias. Existe un contrato de conservación vial por S/69 585 386,30 para el corredor desvío Cerro de Pasco–Huánuco–Tingo María–puente Pumahuasi. Provías Nacional informó oficialmente que el servicio fue adjudicado al Consorcio Vial Puma y comprende una intervención de aproximadamente 250 kilómetros. Sin embargo, según la información recogida por este diario, persiste una controversia sobre si el sector Huancachupa–San Andrés está comprendido dentro de las obligaciones del contratista o si corresponde a otra administración.  Ese es el verdadero problema: una carretera no puede quedar atrapada entre interpretaciones burocráticas mientras el deterioro avanza. El tramo, además, tiene una particularidad que vuelve indispensable una explicación documentada. Coincide con el espacio donde se proyecta la futura vía de cuatro carriles y cuya administración ha estado temporalmente vinculada al Gobierno Regional de Huánuco. Esa superposición obliga a establecer con precisión dónde comienza y dónde termina cada responsabilidad. No mediante declaraciones aisladas, sino a través de documentos que cualquier ciudadano pueda revisar. Porque detrás de los expedientes hay personas. Quien conduce diariamente por esa carretera no puede esperar a que tres entidades determinen entre sí quién limpia una cuneta, quién atiende una emergencia o quién interviene cuando la plataforma vial comienza a deteriorarse. Tampoco corresponde trasladar al ciudadano las consecuencias de una delimitación administrativa que las propias instituciones todavía deben esclarecer. El mantenimiento vial no es un asunto menor. El contrato suscrito para este corredor contempla conservación rutinaria y atención de emergencias durante un periodo de tres años. Precisamente por eso resulta relevante conocer qué sectores están efectivamente comprendidos, cuáles fueron excluidos y, en este último caso, qué entidad asumió formalmente su atención. No se trata de adelantar responsabilidades ni de señalar culpables antes de revisar los documentos. Se trata de algo más elemental: que las competencias públicas sean identificables y que la ciudadanía conozca quién responde por cada tramo. Huánuco necesita que esa respuesta llegue antes que el deterioro obligue a discutir asuntos más graves. Una carretera estratégica no puede tener kilómetros administrativamente huérfanos. Mientras Provías, el Gobierno Regional y el contratista definen los límites de sus obligaciones, la vía sigue allí, soportando tránsito todos los días. Y una carretera, a diferencia de un expediente, no espera.