La dispersión del voto y la crisis de representación han vuelto a colocar al Perú ante una escena conocida y alarmante: una elección marcada menos por proyectos sólidos que por el rechazo mutuo entre candidaturas. La pregunta que muchos jóvenes universitarios y docentes se hicieron durante la jornada electoral —cómo hemos llegado hasta aquí— no expresa solo desconcierto. Expresa el desgaste de un país que asiste, otra vez, a una democracia atrapada por su propia precariedad.
Una explicación posible está en el deterioro de la formación cívica, en la debilidad del debate público y en la facilidad con que prosperan la desinformación, la manipulación y las contracampañas. Cuando una elección se convierte en un campo de ruido antes que de ideas, el ciudadano termina votando en medio de la confusión. Y en ese terreno fértil para el miedo, para la ira y para el cálculo emocional, la deliberación democrática retrocede.
Pero sería injusto colocar toda la responsabilidad en la ciudadanía. También hay una responsabilidad institucional evidente. El actual Congreso, profundamente desacreditado y deslegitimado ante amplios sectores de la población, ha permitido desde el inicio una competencia electoral excesivamente fragmentada. No se trató solo de abrir la puerta a múltiples partidos. Se trató, en la práctica, de consolidar un escenario en el que dividir el voto favorecía a los actores con mayores recursos, más maquinaria y más capacidad para sobrevivir en un cuadro disperso.
Ese mecanismo ha sido funcional para las fuerzas que no podían aspirar a una mayoría clara. Cuanto más atomizado está el electorado, más posibilidades tienen de avanzar candidaturas con apoyos reducidos, pero disciplinados. El viejo principio de divide y vencerás reaparece así en versión electoral. Y cuando eso ocurre, la democracia deja de premiar la representación amplia para premiar la fragmentación calculada.
Es cierto que algunos partidos no han superado la valla y eso puede leerse como un correctivo parcial. Pero no basta. La exclusión de ciertas agrupaciones no corrige el problema de fondo: un sistema político débil, una oferta electoral desordenada y una institucionalidad incapaz de producir confianza. Lo que queda es, otra vez, la amenaza de una segunda vuelta marcada por la polarización y por candidaturas que cargan altos niveles de rechazo.
Ese es el dato más inquietante. El país parece acercarse nuevamente a una definición entre opciones que dividen más de lo que convocan. Y cuando una democracia llega a ese punto, el que pierde no es solo el candidato derrotado. Pierde el ciudadano común, que seguirá viviendo entre incertidumbre, pobreza y frustración, mientras la política insiste en ofrecerle no una salida, sino una repetición del desencanto.
