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Perú vuelve a mirar un conteo electoral apretado con el corazón en la mano. Con el 95,055% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez registra 50,120% y Keiko Fujimori 49,880%, una diferencia de poco más de 42 mil votos, según el reporte de ONPE recogido en el documento revisado. La posición de Diario Ahora es clara: ningún candidato, partido o vocero tiene derecho a incendiar al país antes del 100% del conteo. En una democracia golpeada por la desconfianza, la prudencia no es debilidad; es responsabilidad pública. El Perú ya conoce el daño que produce sembrar sospechas sin pruebas, cantar victoria antes de tiempo o desconocer resultados cuando no favorecen. Una elección cerrada no puede convertirse, otra vez, en pretexto para dividir al país entre vencedores legítimos y derrotados agraviados. El voto ciudadano merece respeto completo, no solo cuando confirma nuestras preferencias. La ONPE es el mecanismo con validez jurídica para determinar al ganador. Por eso, la ciudadanía debe exigir rapidez, transparencia y máxima publicidad del proceso; pero también debe rechazar cualquier intento de presión política sobre los organismos electorales. La democracia necesita vigilancia, sí, pero una vigilancia responsable, no una campaña de demolición institucional. Lo que está en juego no es solo quién gobernará. Está en juego si el país puede aceptar una decisión democrática sin convertir cada elección ajustada en una crisis nacional. Roberto Sánchez aparece adelante en el tramo revisado, pero el conteo no ha terminado. Keiko Fujimori mantiene una votación alta y competitiva. Ambos tienen la obligación política y moral de pedir calma a sus seguidores y respetar los canales legales. También hay una esperanza posible. Si el resultado final es reconocido con madurez, el Perú puede iniciar una etapa distinta: una en la que el ganador entienda que no recibe un cheque en blanco y la oposición comprenda que fiscalizar no significa bloquear por sistema. Un país partido casi en mitades necesita diálogo, no revancha; acuerdos mínimos, no triunfalismo. El próximo gobierno, sea cual sea el desenlace, deberá gobernar para todos: para quienes votaron a favor, para quienes votaron en contra y para quienes ya no creen en nadie. Allí está la verdadera oportunidad. Si la política baja el tono, respeta las reglas y coloca por delante el empleo, la seguridad, la salud, la educación y la estabilidad, esta elección difícil podría convertirse en un punto de reconstrucción democrática. El país no necesita arengas, amenazas ni teorías convenientes. Necesita actas procesadas, resultados verificables y dirigentes a la altura del momento. La democracia no se defiende solo cuando gana nuestro candidato. Se defiende cuando aceptamos reglas comunes, aun bajo tensión. Esa es la prueba de madurez que hoy enfrenta el Perú.