
Editorial · 3 de noviembre de 2026
Lo ocurrido el domingo en Santo Domingo de Nauyán merece un rechazo sin matices. Quemar ánforas y actas, tomar un local y retener a los vecinos que dirigían la votación son actos que ningún reclamo justifica, por fundado que parezca. Diario Ahora lo dice con claridad: quien sospecha de un fraude tiene todo el derecho de denunciarlo, pero pierde la razón en el momento en que prende un fósforo sobre la voluntad de sus propios vecinos. Hay que recordar quiénes estaban en esa mesa. En las elecciones de centros poblados no hay ONPE ni jurado especial. Cada votación la condujeron cinco vecinos sorteados por la Municipalidad Provincial de Huánuco, gente que dejó su domingo para cumplir un encargo cívico. Que terminaran la jornada retenidos hasta la llegada de la policía es un pésimo mensaje para cualquiera que reciba el mismo llamado la próxima vez. ¿Quién querrá integrar un comité electoral si el pago es el miedo? Tampoco se puede aceptar que las acusaciones circulen sin respaldo. Los pobladores hablan de «gente muerta» y de «golondrinos». El alcalde del centro poblado, según la Defensoría, culpa a un candidato perdedor de alentar la quema. Ninguna de las dos partes ha mostrado una sola prueba. Y en un pueblo pequeño, donde todos se conocen, una sospecha lanzada al aire puede hacer más daño que el propio fuego. Conviene, además, entender las reglas antes de gritar fraude. Por primera vez el padrón lo armó el Reniec con el domicilio que cada ciudadano declaró en su DNI. Quien tenía su dirección en Nauyán al 5 de enero podía votar allí, aunque hoy viva en otro lugar. Eso puede incomodar, y quizá merezca un debate, pero fue la norma con la que todos fueron a las urnas. Lo de los fallecidos es distinto y bastante más grave. Si alguien votó con la identidad de un muerto, tiene que demostrarse con nombre y documento, y quien lo hizo debe responder ante la justicia. La salida existe y está escrita. El reglamento del JNE da tres días hábiles para impugnar ante el comité electoral, y la apelación la resuelve el concejo provincial. Las actas, además, tienen tres ejemplares: uno para el comité, otro para la municipalidad provincial y otro para los personeros. El fuego no necesariamente borró el resultado. Por eso ahora le toca mover ficha a la Municipalidad Provincial de Huánuco. Le exigimos que muestre sus copias de las actas, que informe cada paso del proceso y que resuelva los reclamos en público y dentro del plazo. Que al cierre de nuestra edición del lunes no hubiera publicado ninguna decisión sobre Nauyán no ayuda a calmar los ánimos. A la Fiscalía le pedimos identificar a quienes quemaron el material y retuvieron al comité, apoyen a la lista que apoyen. Y lo de Colpa Baja, donde también hubo disturbios en el conteo, confirma que estas elecciones necesitan más acompañamiento del que hoy reciben. Nauyán merece autoridades elegidas con votos que se puedan contar. Que la rabia de una noche no decida lo que le corresponde decidir a todo un pueblo.

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