No hay democracia sólida cuando el ciudadano empieza a mirar el conteo de votos con desconfianza. Y eso es precisamente lo que hoy ocurre. Las denuncias de presunto fraude electoral, que se escuchan con más fuerza en el ámbito regional y nacional, no nacen solo de la confrontación política: también se alimentan de errores, vacíos y decisiones inexplicables de la propia administración electoral. Cuando la ONPE falla en procedimientos básicos y sus oficinas regionales actúan con opacidad, el problema deja de ser técnico y se convierte en un asunto de legitimidad pública.
Lo más grave no es únicamente la existencia de deficiencias, sino la acumulación de señales que deterioran la confianza. Si hubo errores groseros, estos debieron ser aclarados de inmediato, con documentos, responsables y rectificaciones visibles. Pero cuando en lugar de transparencia aparece silencio, cuando en lugar de certeza aparecen versiones cruzadas, lo que crece no es la calma sino la sospecha. Y en materia electoral, la sospecha no es un detalle menor: erosiona el valor mismo del resultado.
La restricción para tomar imágenes de las actas después de la votación resulta, en ese contexto, particularmente preocupante. Si la norma permite ese registro de manera libre, impedirlo o condicionarlo a un “permiso especial” no solo parece arbitrario: luce contrario al principio elemental de publicidad que debe rodear todo proceso electoral. Un acta no es un secreto de Estado. Es una pieza central del control ciudadano. Limitar su verificación visual equivale a debilitar una de las pocas herramientas inmediatas que tiene la población para defender la limpieza del sufragio.
Diario Ahora sostiene que la defensa de la democracia no consiste en blindar a las instituciones frente a la crítica, sino en exigirles conducta irreprochable. La ONPE no está para pedir indulgencia, sino para ofrecer garantías. Y esas garantías deben sentirse en cada mesa, en cada acta y en cada oficina descentralizada. Cuando una entidad electoral transmite improvisación, el daño alcanza mucho más que una jornada de votación: golpea la credibilidad del sistema entero.
Por eso, el debate no debe reducirse a si hubo o no fraude consumado. La cuestión de fondo es otra: si las condiciones del proceso han sido lo suficientemente claras, abiertas y fiscalizables como para que el resultado sea aceptado por todos, incluso por quienes pierdan. Esa es la verdadera medida de una elección democrática. No solo contar votos, sino hacerlo de modo tal que nadie tenga razones plausibles para dudar.
El país necesita una respuesta completa, pública y convincente. No mañana, no cuando baje la tensión, no cuando el calendario político lo haga más cómodo. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió, por qué ocurrió y quién asumirá responsabilidad por cada restricción injustificada y cada error no explicado. Porque cuando se oscurece el proceso electoral, lo que entra en riesgo no es una oficina ni un funcionario: es la confianza colectiva sobre la que se sostiene la República.
