Editorial · 16 de junio de 2026
La Alameda no se toca a ciegas
Huánuco no puede aceptar que una obra de S/26,6 millones avance sobre la Alameda de la República como si se tratara de una pista cualquiera. Estamos ante un espacio histórico, ambiental y ciudadano, no ante un simple tramo de concreto disponible para la maquinaria pública. Reducir de cuatro a dos carriles, intervenir más de 400 árboles y modificar un corredor con valor patrimonial exige algo más que un expediente aprobado y una empresa adjudicada. Exige transparencia, sustento técnico, consulta real y respeto por la memoria urbana. Diario Ahora considera que el Gobierno Regional tiene la obligación de explicar, con documentos y no con frases generales, por qué esta intervención es necesaria, qué impacto tendrá, qué árboles serán afectados, qué garantías existen y quién responderá si el daño resulta irreversible. También preocupa que una de las empresas vinculadas a esta obra aparezca en otro contrato municipal de S/7,6 millones cuestionado por no haber sido entregado, según la información publicada. Ese antecedente no prueba por sí solo una irregularidad, pero sí obliga a extremar controles. La Alameda no pertenece al gobierno de turno. Pertenece a los ciudadanos que la usan, a los comerciantes que viven de ese entorno, a los vecinos que la reconocen como parte de su historia y a una ciudad que ya ha perdido demasiado por decisiones tomadas sin visión. Modernizar no significa borrar. Ordenar el tránsito no significa sacrificar patrimonio. Ejecutar presupuesto no significa imponer cemento sobre árboles, memoria y vida urbana. Una obra pública debe mejorar la ciudad, no abrir una herida que luego nadie quiera asumir. Huánuco necesita obras, sí. Pero necesita obras bien pensadas, bien explicadas y bien fiscalizadas. Cuando una intervención despierta tantas alertas —por monto, impacto ambiental, reducción vial, valor histórico y antecedentes contractuales— el silencio institucional se vuelve inaceptable. La posición de Diario Ahora es clara: la Alameda debe ser protegida hasta que exista información pública suficiente, verificable y comprensible. Ninguna obra debe avanzar sobre un espacio emblemático sin rendición de cuentas previa y sin escuchar a la ciudadanía. El desarrollo no puede medirse solo en millones invertidos. También debe medirse en árboles preservados, memoria respetada, movilidad sensata y confianza pública. Esa confianza hoy está en juego. Y corresponde a las autoridades demostrar que esta obra no será otro capítulo de improvisación urbana.
