El desorden vehicular en Huánuco ha dejado de ser una percepción ciudadana para convertirse en un conflicto político abierto. Las denuncias formuladas por Yonel Martel Reyes, presidente del Frente de Defensa de La Esperanza, sobre presuntos incumplimientos de tres empresas —Turismo Moras, León de Oro Express y B2 Morados— han puesto el foco en un problema mayor: la proliferación de licencias de transporte durante la actual gestión municipal y la capacidad real de fiscalización de la Municipalidad Provincial.
Martel cuestionó que, pese a la vigencia de la Ordenanza 02-2023 —que, según indicó, prohibía otorgar nuevos permisos—, continúen operando unidades sin terminales formales, con frecuencias irregulares y recogiendo pasajeros fuera de paraderos autorizados. Señaló como punto crítico la puerta de la Universidad de Huánuco y la Carretera Central, donde, de acuerdo con su versión, se realizan vueltas en “U” prohibidas y se estacionan vehículos parcialmente sobre la vía.
El debate, sin embargo, trasciende a tres empresas. Según el dirigente de transporte Evaristo Bueno, 91 empresas estarían afectadas por la ordenanza vigente. El dato expone la dimensión del sistema: decenas de operadores en una ciudad cuya red vial no ha crecido al mismo ritmo que su parque automotor. La tensión entre derecho al trabajo y orden urbano vuelve a instalarse como eje central.
Durante la actual gestión municipal se ha observado un incremento de combis y cústers —muchas, según denuncias vecinales, provenientes de Lima y con varios años de antigüedad— que hoy circulan por Huánuco, Amarilis y Pillco Marca. Sin un estudio técnico público que determine capacidad de vías, frecuencia óptima y número máximo de unidades, el crecimiento del servicio se ha percibido como expansivo y poco planificado.
Desde el sector vecinal se sostiene que existe insuficiencia de inspectores para controlar infracciones en zonas críticas. Martel señaló que presentó material audiovisual ante la Gerencia de Transporte sin que, según manifestó, se hayan adoptado medidas sostenidas. La Municipalidad no ha difundido cifras actualizadas sobre número de inspectores en campo ni sobre el total de permisos vigentes, datos clave para evaluar la magnitud del problema.
La discusión tiene implicancias múltiples. En el plano social, usuarios y peatones enfrentan mayor riesgo en tramos de alto tránsito. En el económico, cientos de conductores dependen de un mercado cada vez más competitivo. En el político, la vigencia o eventual modificación de la Ordenanza 02-2023 pondrá a prueba la capacidad del Concejo para ordenar un sector históricamente fragmentado.
La ciudad enfrenta así una decisión estructural: mantener restricciones sin fortalecer control, o revisar la norma sin contar con diagnóstico técnico podría prolongar el conflicto. Lo que está en juego no es solo el tránsito en La Esperanza, sino el modelo de movilidad urbana que Huánuco definirá para los próximos años.
