
Editorial · 12 de octubre de 2026
Huánuco debe actuar antes de que el miedo termine dictando cómo vivimos. Poder caminar por el centro, volver del trabajo o atender un negocio sin temor a un asalto es una condición básica de convivencia. Vecinos han contactado con nuestra redacción para advertir sobre asaltos y robos de celulares cometidos mediante motocicletas y trimóviles. A esos reportes se suma una experiencia directa: hemos presenciado dos intentos de robo en pleno centro de Huánuco durante el último fin de semana. Son señales que las autoridades deben atender con seriedad, investigación y presencia preventiva. Un celular puede ser la herramienta con la que alguien trabaja, cobra, estudia o se comunica con su familia. Su pérdida puede interrumpir actividades esenciales y comprometer información personal. Por eso, tratar estos hechos como episodios menores desconoce lo que está en juego para quienes dependen de ese equipo y necesitan transitar con tranquilidad. El temor también puede restringir horarios, recorridos y oportunidades de trabajo. Evitar que esa incertidumbre limite la vida cotidiana debe ser una prioridad de la gestión pública. También existen denuncias de extorsión. En junio, este diario recogió la alerta de la Defensa Pública sobre amenazas contra pequeños comerciantes de la región. Ese antecedente refuerza la necesidad de actuar sobre distintas modalidades delictivas, cada una con investigación específica. Debemos impedir que la intimidación encuentre condiciones para extenderse. La Policía debe identificar los lugares y horarios reportados, investigar los hechos y orientar allí sus recursos. Las municipalidades necesitan coordinar el serenazgo, revisar la iluminación y aprovechar las cámaras disponibles. El patrullaje debe responder a los riesgos detectados y facilitar una intervención oportuna. El control debe perseguir conductas delictivas y respetar a quienes trabajan honestamente en el transporte. Proponemos un balance público mensual: qué sectores recibieron patrullaje, cuántas denuncias se registraron, qué acciones se adoptaron y cómo evolucionaron los tiempos de respuesta. La información debe distinguir delitos y territorios, proteger a las víctimas y permitir comparaciones. La ciudadanía necesita comprobar si las medidas funcionan y exigir ajustes cuando los resultados sean insuficientes. Denunciar debe servir para activar una respuesta. Las comisarías tienen que recibir las alertas con diligencia y orientar a los afectados; los vecinos deben poder aportar información sin exponerse. En casos de extorsión, proteger a quien denuncia es parte de la respuesta. Ninguna persona debería sentir que pedir ayuda significa quedar más desprotegida. Quienes asumirán nuevas responsabilidades de gobierno tienen que preparar desde ahora una estrategia con prioridades, presupuesto y metas evaluables. La seguridad exige continuidad entre gestiones y coordinación con la Policía y el Ministerio Público. Pero esa transición tampoco puede convertirse en una excusa para postergar decisiones: las autoridades en funciones deben responder hoy. Huánuco merece autoridades que escuchen estas alertas y las conviertan en acciones sostenidas. No aceptamos que el miedo se vuelva una costumbre. La prevención debe empezar ahora, antes de que el daño obligue a reaccionar tarde.
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