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La versión de que el código RENIPRESS 0000760, correspondiente al Puesto de Salud La Esperanza, habría sido utilizado para acelerar la contratación del futuro hospital oncológico de Huánuco exige una explicación inmediata, documentada y pública. Si esta información se confirma, no estaríamos ante una simple irregularidad administrativa, sino frente a una decisión capaz de comprometer dos servicios esenciales. El reportaje de Impacto Real recoge un audio en el que Greta Chocano, alcaldesa del centro poblado de La Esperanza, atribuye la determinación al entonces director regional de Salud, Gustavo Barrera. La conversación no constituye por sí sola una prueba definitiva, pero contiene elementos suficientemente graves como para que las autoridades no respondan con silencios, evasivas o comunicados generales. Un código RENIPRESS no es una cifra disponible para resolver apuros burocráticos. Identifica a un establecimiento, su categoría, su capacidad y los servicios que está autorizado a brindar. Trasladarlo, prestarlo o utilizarlo para un proyecto distinto, sin explicar sus consecuencias, convertiría un instrumento de orden sanitario en una llave circunstancial para destrabar una contratación. La preocupación aumenta porque el registro pertenece a un puesto de salud que atiende a más de 20 mil habitantes. La Esperanza no cuenta con un servicio que pueda sacrificarse sin consecuencias. Según la información difundida, su personal trabaja en espacios provisionales mientras la infraestructura anterior permanece abandonada. Esa población no puede ser obligada a escoger entre recuperar su posta o respaldar un hospital oncológico. Huánuco necesita atención especializada contra el cáncer. Negar esa urgencia sería ignorar el dolor de pacientes y familias que esperan diagnóstico, tratamiento y acompañamiento. Pero una obra necesaria no queda legitimada por cualquier procedimiento. Los atajos administrativos suelen presentarse como soluciones temporales y terminan convirtiéndose en problemas legales, presupuestales y humanos. También preocupa que el contrato todavía comprenda la elaboración del perfil, el diseño y la construcción. La información publicada advierte que no existiría un expediente técnico concluido que permita conocer con precisión la infraestructura, el equipamiento y los servicios garantizados. Incluso se ha cuestionado si el área de radioterapia está contemplada. Un hospital oncológico no puede reducirse a una promesa ni a la colocación de una primera piedra. Diario Ahora considera indispensable que se publique la documentación relacionada con el código utilizado, las decisiones adoptadas, los informes técnicos y las responsabilidades administrativas. La ciudadanía merece conocer si el Puesto de Salud La Esperanza conservará su registro, cómo se protegerá su atención y bajo qué condiciones se ejecutará el proyecto oncológico. La salud pública no admite sacrificios ocultos ni intercambios entre comunidades vulnerables. Un hospital destinado a salvar vidas debe nacer con legalidad, transparencia y sustento técnico. Construirlo sobre dudas solo trasladaría el costo a quienes menos pueden defenderse: los pacientes que esperan atención y los vecinos que temen perderla.