18.4 C
Huánuco
23 septiembre, 2021

Defensoría del Pueblo pide a candidatos presidenciales respetar su autonomía

La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional autónomo que tiene por misión defender los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. No depende de ningún poder del Estado y actúa con total independencia. Cualquier modificación de su mandato constitucional le correspondería únicamente al Congreso de la Republica por medio de una reforma constitucional.

Luego de 25 años de trabajo a nivel nacional, la institución ostenta una apreciable legitimidad en la ciudadanía, y en el conjunto de instituciones nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos y la democracia. Debe tenerse presente, que desarrolla su labor dentro del sistema jurídico nacional, pero que también es parte del sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos, en la medida que ostenta rango consultivo “A” ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y es punto de referencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Dado que su principal labor es la defensa de derechos, la Defensoría del Pueblo ha enfocado su trabajo en las personas más vulnerables del país: niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas adultas mayores, afrodescendientes, personas LGBTI, migrantes, personas privadas de libertad, víctimas del terrorismo, entre otras. Una tarea que se extiende a toda ciudadana y ciudadano que sufra discriminación, sea víctima de maltratos o crímenes, de negligencias estatales, de afectaciones a su salud o deficiencias en el servicio educativo, o no sea convocado a dialogar para resolver conflictos sociales, o padezca las consecuencias de la contaminación ambiental, o esté en riesgo su derecho a la participación política, entre muchas situaciones en las que esta institución se hace presente. Así de amplia y de difícil es la agenda de la Defensoría del Pueblo; y, no obstante que en ocasiones no es debidamente escuchada, logra, en numerosos casos, poner a salvo los derechos de la ciudadanía.

Para cumplir sus labores, la institución atiende de forma directa, las quejas y pedidos ciudadanos. No ha dejado de hacerlo aún en pandemia. También desarrolla supervisiones a las instituciones públicas y privadas que prestan servicios públicos, elabora informes con recomendaciones dirigidas a resolver problemas, y emprende acciones judiciales contra el Estado.

La Defensoría del Pueblo en sus 25 años de existencia ha demostrado ser también un “contra poder”, en defensa del Estado constitucional de derecho. Su posición en defensa del derecho de ciudadanas y ciudadanos a participar en comicios transparentes e igualitarios el año 2000 fue fundamental, del mismo modo que lo ha sido en las recientes crisis políticas.  Su compromiso con la democracia es un asunto de principios que ha quedado demostrado a lo largo de estos años. La Defensoría del Pueblo entiende que el respeto y protección de los derechos requiere de instituciones democráticas legitimadas y confiables. En esta línea es también patente su trabajo en favor del diálogo como medio de prevención y gestión de los conflictos sociales.

En relación a los servicios públicos de salud y educación, la Defensoría del Pueblo ha puesto en evidencia en diversos informes y pronunciamientos su precariedad, y ha planteado medidas concretas para su mejora. Luego de una supervisión nacional a los servicios de salud, realizada en el 2016, se advirtió su mal estado y las enormes limitaciones que se tenían para afrontar una pandemia, como la que hoy atraviesa el país.

Los logros alcanzados por la institución han sido resultado del enorme compromiso de las personas que integran la Defensoría del Pueblo. Pese a un presupuesto limitado que reduce el alcance de su trabajo, a las bajas remuneraciones de trabajadoras y trabajadores cuya escala salarial se encuentra inmovilizada desde el 2012 y es una de las más bajas del sector público, la institución y su personal han conseguido defender derechos y ocupar un lugar respetable en la sociedad.

Debe tenerse presente, además, que la Defensoría del Pueblo ha hecho un uso eficiente de sus escasos recursos públicos, ejecutando cada año su presupuesto casi en su integridad. En el 2019 ejecutó el 96.6 % de los recursos recibidos, mientras que en el 2020 el 92.9 %. Muy por encima de la mayoría de las instituciones públicas.

Para el presente año se han asignado 74.6 millones de soles, cifra que representa el 0.04 % del presupuesto general de la República. Este monto refleja a todas luces lo que el Estado invierte en la defensa de los derechos humanos, tan solo 2.2 soles anuales por habitante. Habría que preguntarse si este es el orden de prioridades en un Estado de derecho, si se está cumpliendo con el deber primordial del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos como lo establece el artículo 44° de la Constitución.

En base a lo expuesto la Defensoría del Pueblo demanda a los candidatos presidenciales un compromiso real con su fortalecimiento, empezando por el respeto de su autonomía, sus competencias constitucionales, el deber de cooperación que tienen todas las instituciones públicas; y, desde luego, su agenda de trabajo que ubica a los más vulnerables en el centro de su atención.

Publicaciones Relacionadas

Merino solicitó al Congreso que se le otorgue la pensión vitalicia como expresidente

Yohalex

Marañón: Alcalde y regidores de San Buenaventura afrontarán consulta revocatoria el 10 de octubre

Yohalex

Asesor de Pedro Castillo patrocinó a autoridades acusadas por corrupción

Yohalex

Consejero Cárdenas anuncia que 80 organizaciones se suman al paro regional

Yohalex

Dirigente de construcción civil, “hay una clara incapacidad por parte de Juan Alvarado”

Yohalex

Picón rechaza proyecto de Perú Libre para controlar medios

Yohalex