Seis años de pena privativa de la libertad planteó la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco contra el actual congresista de la república Luis Raúl Picón Quedo. Esto, de acuerdo a la acusación que planteó la fiscal Ingrid Milla Gargurevich, el 9 de noviembre de 2020.
La fiscalía le imputa a Picón ser el presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones por emitir 80 resoluciones ejecutivas regionales como gobernador regional. Estas resoluciones otorgaban certificados ambientales para proyectos de inversión pública, a pesar de no tener las atribuciones de ley.
Asimismo, la fiscalía propuso cinco años y ocho meses de cárcel para Julián Miraval Venturo, ex vicegobernador, por emitir 29 resoluciones ejecutivas regionales que otorgaban certificados ambientales para proyectos de inversión pública. Para la fiscalía, Venturo también sería el presunto autor del delito de usurpación de funciones al igual que Picón.
Del mismo modo, la fiscal sugirió cinco años y seis meses de prisión para Jorge Alexis Palma Fuentes, ex director de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Huánuco. Este emitió 111 resoluciones. Para Clodoaldo Credo Valdivia, ex titular de la Gerencia de Recursos Naturales, cinco años de prisión por emitir una resolución.
Igualmente, para Eloy Felix Alzamora Valdez, exgerente de Recursos Naturales, cinco años y dos meses de prisión. Para Nelino Florida Rofner, exgerente de Recursos Naturales, cinco años y seis meses de cárcel. Este emitió ilegalmente 98 resoluciones para certificados ambientales.
De igual forma, la fiscal propuso para Isabel Beatriz Cárdenas Alvarado, cinco años y cuatro meses de pena privativa. Para Norma Toledo Minaya de Salazar, cinco años y tres meses, y para Juana Iris Yauri León, cinco años de cuatros meses de cárcel.
Usurpación de funciones
La Contraloría, en su informe de auditoría n. 569-2015, determinó que Luis Picón y sus funcionarios se arrogaron la función de aprobar certificaciones ambientales de inversión pública que eran de competencia única de los ministerios de Agricultura, Transportes y Comunicaciones, Salud Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La fiscalía le imputa a Picón ser el presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones por emitir 80 resoluciones ejecutivas regionales como gobernador regional. Estas resoluciones otorgaban certificados ambientales para proyectos de inversión pública, a pesar de no tener las atribuciones de ley.
Asimismo, la fiscalía propuso cinco años y ocho meses de cárcel para Julián Miraval Venturo, ex vicegobernador, por emitir 29 resoluciones ejecutivas regionales que otorgaban certificados ambientales para proyectos de inversión pública. Para la fiscalía, Venturo también sería el presunto autor del delito de usurpación de funciones al igual que Picón.
Del mismo modo, la fiscal sugirió cinco años y seis meses de prisión para Jorge Alexis Palma Fuentes, ex director de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Huánuco. Este emitió 111 resoluciones. Para Clodoaldo Credo Valdivia, ex titular de la Gerencia de Recursos Naturales, cinco años de prisión por emitir una resolución.
Igualmente, para Eloy Felix Alzamora Valdez, exgerente de Recursos Naturales, cinco años y dos meses de prisión. Para Nelino Florida Rofner, exgerente de Recursos Naturales, cinco años y seis meses de cárcel. Este emitió ilegalmente 98 resoluciones para certificados ambientales.
De igual forma, la fiscal propuso para Isabel Beatriz Cárdenas Alvarado, cinco años y cuatro meses de pena privativa.
La Contraloría, en su informe de auditoría n. 569-2015, determinó que Picón y sus funcionarios se arrogaron la función de aprobar certificaciones ambientales de inversión pública.
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